Guía Completa para Alcaldes y Municipios

Es la ley madre de los incentivos solares en Colombia. Establece cuatro beneficios tributarios que, según el Playbook, reducen el costo efectivo de un proyecto solar hasta en un 40%: deducción del 50% de la inversión del impuesto de renta en 5 años (Art. 11), exclusión del 19% de IVA en equipos y servicios (Art. 12 — reduce el CAPEX en ~16%), exención arancelaria del 0% en importación de equipos (Art. 13), y depreciación acelerada en 5 años frente a los 20 estándar (Art. 14). Aplican a todos los proyectos FNCER, sea la comunidad cooperativa, asociación o SAS. El proyecto se registra ante la UPME y obtiene certificación de la ANLA; el trámite toma 30-60 días hábiles.

Modifica y fortalece la Ley 1715. Su Art. 7 define las comunidades energéticas como «agrupaciones de personas naturales o jurídicas que se asocian para generar, distribuir o comercializar energía». El Art. 8 establece que las comunidades energéticas pueden acceder a todos los incentivos de la Ley 1715. El Art. 15 crea el Programa de Sustitución de Leña y Carbón por energías limpias en hogares rurales. Y el Art. 25 —el más relevante para un concejo— autoriza a los municipios a incluir metas de transición energética en sus Planes de Desarrollo.

Es el acto formal de reconocimiento del gobierno nacional. Define a las comunidades energéticas como personas jurídicas y —punto clave para el municipio— no prescribe una forma jurídica única: sirven asociaciones, cooperativas, Juntas de Acción Comunal, consejos comunitarios, cabildos indígenas o SAS. Establece que las comunidades pueden participar en generación, distribución y comercialización, y crea las bases para su registro y seguimiento. La recomendación del Playbook para municipios es iniciar con una asociación comunitaria registrada en Cámara de Comercio (2-4 semanas), y evaluar la conversión a cooperativa formal tras 2-3 años de operación.

Publicada el 6 de abril de 2025, es la resolución que hace económicamente viables las comunidades energéticas. Crea dos figuras, ambas con capacidad máxima de 5 MW: AGRC (Autogeneración Colectiva a Pequeña Escala — la comunidad genera principalmente para autoconsumo) y GDC (Generación Distribuida Colectiva — la comunidad genera para la red y recibe compensación). Su aporte decisivo es la agregación virtual de fronteras: los miembros no necesitan estar físicamente conectados al punto de generación, así que un panel en el techo de la escuela puede beneficiar hogares en todo el municipio conectados al mismo operador de red. El comercializador está obligado a comprar todos los excedentes. La habilitación estimada supera las 500.000 familias y una meta de al menos 1 GW adicional de capacidad.

Crea el registro oficial de comunidades energéticas ante el Ministerio de Minas y Energía. Es el paso obligatorio para acceder a financiamiento público (FENOGE, IPSE, OCAD Paz), obtener reconocimiento oficial y reportar ante las autoridades regulatorias. La ruta completa es: (1) constitución legal, (2) registro en Cámara de Comercio, (3) inscripción en el RUCE, (4) registro ante la CREG como AGRC o GDC, y (5) trámite de conexión ante el operador de red local. El registro RUCE toma 15-30 días hábiles; el registro CREG, 30-60 días hábiles y no tiene costo.

Complemento: la Resolución CREG 101-099 de 2026 (19 de febrero de 2026) añade la Autogeneración Remota (AGFR), que permite generar en un sitio y consumir en otro a través del Sistema Interconectado Nacional, con compensación horaria.